EL BORRADOR DE LEY DE EDUCACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA O LA IDEOLOGÍA EN EL PODER

Carlos Jariod Borrego

Presidente de Educación y Persona

         Antes de este verano el Gobierno regional presentó un borrador de Ley educativa,  que ha sido debatido en este mes de septiembre por el Consejo  Escolar Regional. No es mi propósito en estos momentos hacer un análisis detallado de ese borrador; más bien deseo en esta ocasión y a título personal, avanzar unas rápidas notas sobre el texto presentado por el gobierno de Barreda. Próximamente Educación y Persona ofrecerá ante la opinión pública un análisis más detallado de las propuestas gubernamentales.

            La primera reflexión es bien sencilla. ¿Para qué esta ley? El estado autonómico ha creado la ilusión de que cuantas más leyes aprueben los parlamentos regionales, más autonómicos somos. Esta ilusión, mínimamente analizada, se revela inconsistente. Una ley autonómica, del corte que sea, es absolutamente innecesaria, pues toda la normativa estatal ya se ha aprobado: la LOE se ha extendido a todos los niveles, gracias a los reales decretos nacionales y los decretos autonómicos –estos sí que son necesarios- que regulan el sistema educativo. La ley que se quiere aprobar en Castilla-La Mancha es del todo inútil, pues no llena ningún hueco normativo. Si es así, ¿por qué esta ley?

            Una lectura superficial del borrador nos muestra que, como era de esperar, hay una repetición constante de artículos de la LOE. Es obvio que el marco legal de esta nueva y extraña construcción legal es la Ley Orgánica de Educación, junto con sus reales decretos. Por lo tanto, repetición de los mismos tópicos que han hundido la educación en España y, aun más, en nuestra región. Sin embargo, deseo detenerme en este artículo en algunas consideraciones que sí parecen justificar la ley autonómica.

            En primer lugar, parece que hay un gran énfasis en resaltar la inclusividad y asociarla a lo que se ha llamado por los apologetas logseanos “educación en valores”. En efecto, en buena parte del articulado se recalca con insistencia valores que configuran lo políticamente correcto. Valores vacíos de explicación –dando por supuesto su significado- y enmarcados en un modelo de escuela, en la que apenas hay transmisión de conocimientos, pero sí mucha preocupación por fomentar la convivencia. Es decir, una escuela-guardería. Ciertamente esta característica no es nueva, pero esta ley será un instrumento (ideológico) más para modelar un código moral políticamente correcto, en el que lo que importa no es la enseñanza, sino la moral de nuestros jóvenes. Una moral, por cierto, en la que las familias están ausentes.

            En consonancia con lo anterior, el borrador de ley sanciona la novedad autonómica más destacada: la competencia emocional. Es muy triste que Castilla-La Mancha vaya a ser conocida a partir de ahora como la única Autonomía que trabaje y evalúe la madurez afectiva de los alumnos. Por fortuna el buen hacer del profesorado –y su sentido común- hace que por ahora esta competencia emocional apenas tenga peso en la docencia con nuestros alumnos; sin embargo, el grado de adoctrinamiento al profesorado es de tal calibre que, en poco tiempo, nos encontraremos docentes entusiastas dispuestos a valorar la madurez afectiva de los chicos con los estándares que dictamine la Consejería. Para poner los pelos de punta.

            La  fracasada educación en valores de la LOGSE y la competencia emocional nos dan la pista de lo que se quiere con esta próxima ley: construir un modelo de ciudadano. Quizá se podría decir que, en vez de atajar el gran fracaso escolar de nuestra región o de ayudar a que el profesorado sea más y mejor valorado, lo que le preocupa al gobierno de Barreda es configurar una conciencia social y moral en los futuros ciudadanos con los patrones de pensamiento del socialismo actual. Lo que se quiso conseguir con Educación para la Ciudadanía de modo descarado y, antes, con la LOGSE.

            La futura nueva ley no responde a ninguna demanda educativa. Responde más bien a la necesidad de atornillar más las conciencias de nuestros jóvenes; la futura ley de educación no busca resolver ningún problema educativo –ni siquiera los reconoce-, sino que refuerza aún más a la escuela como instrumento de adoctrinamiento para “cambiar la sociedad”.

            No otra  es la novedad de esta ley. Una novedad, por desgracia, muy vieja.